Mientras Bolsonaro mantiene sus promesas sobre la Amazonía, los indígenas temen un “etnocidio”
Ernesto Londoño y Leticia Casado
“No trabajan”, dijo sobre las personas indígenas. “No aportan dinero a Brasil y solo son una carga”.
El afiche en la entrada de una pequeña aldea indígena en la Amazonía se ha convertido en una reliquia en menos de una década, pues presume algo que ya no es cierto.
“Aquí hay inversión del gobierno federal”, afirma el letrero, levantado en 2012, que ahora está rodeado de las frondas de palmeras caídas.
De hecho, esta pequeña aldea en el estado de Rondônia, llamado Alto Jamari, hogar de alrededor de diez familias de la tribu Uru Eu Wau Wau, apenas está sobreviviendo, justo como muchas otras aldeas que están en problemas en la región y que durante décadas han sido refugios para la cultura indígena y baluartes en contra de la deforestación en Brasil.
La ayuda federal se está acabando al mismo tiempo que más fuereños están invadiendo sus terrenos, dispuestos a explotar de manera ilegal los recursos de la selva ahora que el coronavirus plantea una amenaza mortal, después de haber llegado a algunas aldeas remotas.
Los líderes locales y los defensores indígenas culpan a una sola persona por esta situación que ha empeorado: el presidente Jair Bolsonaro. Durante su campaña a la presidencia, Bolsonaro prometió que abriría la Amazonía a un desarrollo más comercial, incluyendo minería y agricultura a gran escala. “Hay riqueza donde hay tierras indígenas”, dijo.
Desde que asumió el cargo hace poco más de un año, Bolsonaro ha actuado de manera agresiva para promover esas metas de desarrollo y ha puesto en vigor políticas que, según temen los críticos, han comenzado una era de etnocidios para las comunidades indígenas.
Ha comenzado a desmantelar un sistema de protección para las comunidades indígenas consagradas en la Constitución de Brasil, y el año pasado su gobierno recortó el financiamiento de la Fundación Nacional del Indio, la agencia federal responsable de defender esos derechos indígenas.
Como presidente, ha prometido no designar “un centímetro” más como tierras indígenas protegidas, al argumentar que vivir en aislamiento es un anacronismo del siglo XXI y un impedimento para el crecimiento económico.
“Las personas indígenas no pueden quedarse en sus tierra como si fueran criaturas prehistóricas”, dijo Bolsonaro en febrero. También en febrero, Bolsonaro presentó un proyecto de ley al Congreso que podría legalizar de manera efectiva los proyectos ilegales de minería que han contaminado ríos y destruido grandes tramos de la Amazonía.
La legislación propuesta, que el Congreso no ha mostrado disposición de aprobar ahora que Brasil combate el coronavirus, también autorizaría la exploración de petróleo y gas, así como el levantamiento de plantas hidroeléctricas en territorios indígenas. Según ese plan, se consultaría a las comunidades nativas sobre los proyectos, pero no les darían poder de veto.
El año pasado, Bolsonaro presumió que había “puesto fin” a lo que llamó “multas astronómicas” en contra de las compañías que violan la ley medioambiental en la Amazonía, con lo que eliminó uno de los pocos factores disuasorios que enfrentan los desarrolladores.
El presidente de Brasil mantiene sus promesas sobre expandir el desarrollo en la Amazonía. Y, para muchas de las personas indígenas que viven ahí, la era de Bolsonaro está planteando una amenaza existencial.
“ARRASANDO CON NUESTRA SELVA”
La Constitución brasileña de 1988 otorga amplios derechos a las personas indígenas de Brasil, una suerte de reparación por siglos de tratos brutales.
Aunque esos derechos jamás se han aplicado totalmente, han quedado masacrados en la era de Bolsonaro, de acuerdo con líderes y activistas indígenas.
Para las comunidades con poblaciones pequeñas, como el Uru Eu Wau Wau, la postura del gobierno podría implicar la desaparición total de tribus específicas.
La escuela de la más grande de las seis aldeas de Uru Eu Wau Wau —un complejo moderno rodeado de un puñado de chozas modestas— está vacía. Los profesores dejaron de acudir el año pasado porque no les pagaban.
Las visitas de los médicos y enfermeras se han vuelto poco comunes, en gran medida debido a que los médicos cubanos que habían estado proporcionando atención clínica en aldeas remotas se fueron de manera abrupta poco después de que Bolsonaro asumió el cargo en enero de 2019, en respuesta a las amenazas del presidente entrante.
Las incursiones ilegales de taladores en las fronteras del territorio se han vuelto cada vez más frecuentes, por lo que los residentes se han puesto en pie de guerra.
“Están arrasando con nuestra selva”, dijo Juvitai Uru Eu Wau Wau, de 19 años, mientras se columpiaba en una hamaca junto a un pequeño que empujaba un triciclo polvoriento alrededor de un puñado de chozas pequeñas. Como dicta la costumbre, Juvitai usa el nombre de la tribu como su apellido.
UN GOBIERNO QUE ESTÁ A FAVOR DE LA DEFORESTACIÓN
En una imagen satelital, el territorio de Uru Eu Wau Wau destaca como una isla color verde esmeralda rodeada por tramos de selva deforestada, la mayoría de los cuales ahora son ranchos de ganadería.
En 1991, el gobierno federal designó oficialmente el territorio Uru Eu Wau Wau. Este abarca una zona de 11.184 kilómetros cuadrados, poco menos que el estado de Nueva Jersey, donde la tribu ha construido un pequeño grupo de pequeñas aldeas. Se supone que este reconocimiento federal confiere autonomía política limitada, prohíbe que los fuereños entren sin permiso explícito y que se realicen actividades comerciales a gran escala.
El territorio, técnicamente aún propiedad del gobierno federal, ahora es hogar de casi 220 miembros del pueblo Uru Eu Wau Wau, así como de algunas tribus más pequeñas y aún aisladas cuyas poblaciones exactas no se conocen.
Los Uru Eu Wau Wau han soportado incursiones ilegales de taladores durante años. Pero, en febrero del año pasado, se volvió evidente que la tribu estaba enfrentando una amenaza más grave cuando cerca de 200 hombres entraron a su territorio con la intención aparente de establecer un asentamiento permanente.
NO APORTAN DINERO A BRASIL Y SOLO SON UNA CARGA
Bolsonaro, que ganó la presidencia con el 55 por ciento de los votos, tiene muchos simpatizantes que están de acuerdo con su afirmación acerca de que las comunidades indígenas no deben estar en control del 12,5 por ciento de los territorios del país demarcados como tierras indígenas.
Daniel da Cunha, de 60 años, que vive justo afuera del territorio de Uru Eu Wau Wau, dijo que esos territorios deben ser apartados para que las personas sin empleo les den un uso rentable.
“No trabajan”, dijo sobre las personas indígenas. “No aportan dinero a Brasil y solo son una carga”.
Algunos legisladores argumentan que Bolsonaro está en lo correcto al querer transformar las políticas del país en materia de las comunidades indígenas, pero están a favor de un enfoque más moderado.
Arthur Oliveira Maia, congresista de centroizquierda del estado de Bahía, dijo que, según el marco legal actual, nadie, incluyendo a las tribus indígenas, puede beneficiarse de los territorios reservados. “Los proyectos comerciales en territorios indígenas podrían realizarse de manera gradual, apartando entre el 10 y el 15 por ciento del terreno”, comentó.
Agregó que estaba a favor de comenzar con la agricultura, que suele tener un impacto medioambiental más bajo, en lugar de la minería.
“Actualmente las personas indígenas están teniendo problemas”, comentó. “La emancipación de estas personas solo es posible a través de vías económicas”.
UN PASADO DE HORRORES, UN PRESENTE DE RECORTES
Bolsonaro desde hace mucho ha hablado de manera burlona de las personas indígenas. En 1998, cuando era un legislador de extrema derecha en la periferia, Bolsonaro dijo que era una “vergüenza que la caballería brasileña no hubiera sido tan eficaz como la estadounidense, que exterminó a los indígenas”. Lo que Bolsonaro no reconocía es que las personas indígenas de Brasil casi fueron exterminadas después de que llegaron los europeos a principios del siglo XVI.
La población indígena en el Brasil actual cayó de cálculos de entre tres millones y hasta once millones de personas en el siglo XVI a 70.000 para la década de 1950 conforme tribus enteras eran asesinadas, mientras enormes cantidades de personas eran esclavizadas.
Después de que los generales de Brasil se hicieron del poder en la década de 1960, el gobierno militar represor —que Bolsonaro ha ensalzado desde hace mucho— trató a las personas indígenas que vivían en la Amazonía como obstáculos del crecimiento económico.
La Constitución de 1988 del país trató de volver a abordar algunos de estos agravios. Terminó con la política de la era militar que había animado la asimilación de las personas indígenas y reconoció sus “costumbres, lenguas, creencias y tradiciones”.
La Constitución también estableció un proceso de demarcación de tierras que, a lo largo de los años, creó un enorme conjunto de 567 territorios indígenas protegidos. En 2010, cuando Brasil llevó a cabo su último censo, cerca de 517,000 de las 897,000 personas indígenas del país vivían en esas tierras.
En su primer día en la presidencia, Bolsonaro transfirió el proceso de demarcación de tierras de la Fundación Nacional del Indio, conocida como FUNAI, al Ministerio de Agricultura, que está muy influenciada por el grupo de presión de la agroindustria. El Supremo Tribunal bloqueó la transferencia, pues la consideró inconstitucional, pero todos los casos pendientes de demarcación siguen congelados.
Durante años, antes de que Bolsonaro se volviera presidente, FUNAI ya había estado enfrentando escasez de personal y presupuestos austeros, por lo que la agencia se vio obligada a abandonar varios puestos de avanzada en áreas remotas, así como recortar la frecuencia de las visitas a las aldeas.
Aunque el presupuesto autorizado de la agencia había seguido siendo relativamente constante en años recientes, el gobierno de Bolsonaro hizo un gran recorte al gasto de los programas gubernamentales para 2020, y destinó 9 millones de dólares para programas que defienden los derechos indígenas, casi un 40 por ciento menos que el año anterior.
La asociación que representa a los empleados de carrera de la agencia señaló mediante una declaración que la reducción implica que la FUNAI tenga una presencia cada vez menor en el terreno, por lo que deja en un mayor riesgo a esas comunidades asediadas por ocupantes de tierras.
“Esta es la primera vez en que la planeación del gobierno no contempla los derechos indígenas garantizados por la Constitución”, dijo la asociación de empleados.
SI NO MATAMOS, LA SITUACIÓN EMPEORARA
Cuando los Uru Eu Wau Wau se enteran de nuevas incursiones en su territorio, salen a pie a explorar el daño y queman asentamientos. Mientras un grupo se preparaba al amanecer para una expedición reciente, los guerreros de la tribu untaban veneno en las puntas de sus flechas.
Ivaneide Bandeira Cardozo, una activista que a menudo acompaña a los Uru Eu Wau Wau, se veía preocupada, pues temía lo que pudiera surgir durante un enfrentamiento con taladores. “Deben prometerme que, si se encuentran con ellos, no los van a matar”, les rogó.
“Si no matamos, la situación será cada vez peor”, respondió uno de los hombres.
Durante una caminata fatigosa de seis horas a través de la selva densa, los Uru Eu Wau Wau vadearon agua y nubes de insectos para llegar a un tramo grande de tierra que hace poco había quedado hecho cenizas.
Los Uru Eu Wau Wau no pudieron hacer más que tomar fotos del daño y después incendiar el pequeño campamento.
Cuando le preguntaron qué podrían hacerles las políticas de Bolsonaro a comunidades como esta, Cardozo, que ha apoyado a la tribu durante décadas, se veía desalentado. “Su objetivo es sacarlos de su tierra y convertirlos en ciudadanos ordinarios en la periferia de las ciudades, convertirlos en mendigos”, comentó. “Para mí, eso equivale a una política de genocidio y etnocidio”. La conclusión: Bolsonaro está dispuesto a expandir la explotación económica de la Amazonía, sin importar los costos.
