Protestar: entre la resistencia y la represión policial
Por: Alí Bantú Ashanti – Abogado constitucionalista y Defensor de Derechos Humanos
Una vez más, como en el pasado, la violencia policial, tan vieja como el sistema esclavista, reprime la protesta social mediante el uso desmedido de la fuerza: bala, bolillo y pata a todo lo que se mueva; poniendo en riesgo lo poquito que quedaba democracia. Significa esto, sin mayor discusión, que asistimos a un estado dictatorial y no a un estado democrático como se suele pensar.
El tratamiento de guerra que el gobierno de Duque le ha dado a las protestas iniciadas el 28 de abril, ha dejado alrededor de 100 manifestantes asesinados -39 de ellos son personas negras de la ciudad de Cali-, 4.285 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 1468 víctimas de violencia física, 70 victimas de agresiones oculares, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias y cientos de desaparecidos que empiezan aparecer decapitados y desmembrados, y sigamos sumando, pues la cifra no para allí, en Bogotá la Policía mató antes de ayer y anoche también ¿Queda alguna duda que la policía cumple una función represiva más no preventiva?
El fenómeno de la brutalidad policial contra las manifestaciones no es nuevo, en la década de 1920, frente a los reclamos y las huelgas de los trabajadores por sus derechos laborales, el gobierno de turno hizo lo mismo que Duque, repartió plomo. Más adelante, en la guerra bipartidista, la policía cometió masacres y se subordinó al ejército, se militarizó. Desde entonces, hace parte del Ministerio de Defensa, lo cual, está en contravía de la carta política de 1991.
Miles de ciudadanos sufren a diario abusos de autoridad que en muchos casos terminan, lamentablemente, en ejecuciones extrajudiciales. 639 ciudadanos fueron asesinadas por la fuerza pública colombiana entre 2017 y 2019, esto de acuerdo con los datos de Medicina Legal, afectando de manera especial a grupos históricamente discriminados: estudiantes, jovenes negros, mujeres y población LGBTI. En definitiva, la violencia sufrida en el marco de las protestas desarrolladas en los últimos meses, es el pus de una herida abierta, una enfermedad que carcome nuestra democracia moribunda, que mata y mata a muchos, sobre todo a los condenados de esta tierra, a los descalzos, a los ninguneados, en suma a los pobres.
En consecuencia, la primera exigencia hecha por organizaciones de la sociedad civil, sectores sociales y puntos de resistencia al Estado colombiano, es la garantía real y efectiva para el derecho a la protesta social, es un clamor al unísono de todas las expresiones hoy movilizadas que exigen se les respete el derecho a la vida; por ello, resulta ser un contrasentido, que en medio de esta matanza por parte de la policía en contubernio con civiles armados, el gobierno de Duque pretenda “reformar” la institución de la represión y la barbarie. Es urgente una reforma a la policía, pero debe ser una reforma profunda que surja del consenso, no de cambio de colores o de razón social, es inútil una reforma cosmética.
