Fiscalía ordena reabrir investigación por amenazas de Águilas Negras

“Les corresponde a las autoridades establecer si hay agentes del Estado atrapados aún en una lógica de “guerra fría” disparando y amenazando desde dentro de la institucionalidad”.

El Grupo paramilitar Águilas Negras, o como insisten en llamarlas algunos la franquicia del crimen Águilas Negras se han convertido en una verdadera interrogación para autoridades, organizaciones que estudian el conflicto y en general para líderes sociales, defensores de Derechos Humanos e incluso periodistas, porque sin importar de dónde provengan o quiénes sean sus verdaderos mandos o su estructura militar o político militar, lo que es cierto es que se encuentran dentro de las organizaciones al margen de la Ley que más amenaza en Colombia y ha llegado a ser catalogada como la mayor depredadora de la libertad de expresión: Entre los más peligrosos se cuentan las «Águilas Negras», que siguen «sembrando el terror, empujando a los periodistas a la autocensura o al exilio, cuando no recurren al asesinato».


«Sus amenazas persiguen en particular a periodistas conocidos por sus críticas hacia la política de »seguridad democrática» lanzada bajo la Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)», indicó la Organización Reporteros Sin Fronteras

Y es que a esta situación de acoso al periodismo y líderes sociales por parte de esta organización criminal se suma la ineficiencia e ineficacia de las entidades encargadas de averiguar las amenazas, al punto que en ocasiones archivan las investigaciones según ellos por falta de pruebas o en el peor de los casos queriendo hacer recaer la carga de la prueba en los periodistas o líderes amenazados, ¿pero cuál es la verdad?, lo cierto es que al archivar las indagaciones se desprotege totalmente al amenazado y se deja en la impunidad no solo el delito de la amenaza sino de aquel que pueda provenir porque el Estado abandona a quienes necesitan resguardar su integridad y su vida frente a aquellos criminales que amparándose en un grupo paramilitar o franquicia del crimen no cesan sus amenazas hasta lograr el desplazamiento, asilo y en ocasiones el asesinato de su objetivo.

Tal es el caso de la Agencia de Reporteros Sin Fronteras que a pesar de que continúan las amenazas, hostigamientos, vigilancias por parte de personas en carros y motos en sus oficinas o lugares de residencia, el Estado en cabeza de la  Cancillería de la República ha llegado al extremo de mentir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” manifestándole que el caso se encontraba en averiguación por parte de la Fiscalía cuando realmente había sido archivado cuatro meses antes por la Fiscal 245 de la Unidad de Delitos contra la Libertad Individual, funcionaria que recién posesionada y con argumentos tan poco legales y por el contrario muy sospechosos ya que incluso la fiscal encargada del caso no quiso recibir evidencias que servían como una prueba más dentro de la investigación, por eso ante la petición de la Agencia para que se continuara  con la indagación, la Fiscalía ordenó reabrir el caso con el objetivo de que se establezca la procedencia de las amenazas, la identificación e individualización de los autores o participes de los hechos. Por su parte la Agencia de Reporteros Sin Fronteras pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los entes de control que se abra proceso disciplinario a la fiscal que archivo el caso y se encuentra a la espera de los resultados, aunque en primera instancia la Procuraduría remitió el caso al Consejo Superior de la Judicatura y a la delegada penal de la Personería de Bogotá para que adelante lo relacionado y establezca si la actuación de la funcionaria perteneciente a la fiscalía fue ajustada en derecho.  

Para el senador Antonio Sanguino, miembro del partido Alianza Verde “Desentrañar quiénes son y qué motivaciones tienen las denominadas ‘Águilas Negras’ constituye un prioritario desafío a la seguridad del país y a las garantías que toda democracia debe ofrecer al ejercicio de la protesta social y la oposición política. Las cifras son preocupantes, hasta el 2018 habían amenazado a 589 personas, en su mayoría defensores de derechos humanos y dirigentes de fuerzas políticas de oposición o de izquierda. Sin embargo para la misma fecha no existen capturas relacionadas con las amenazas y solo hay 53 investigaciones activas indagando sobre quiénes están detrás de los pasquines amenazantes”

Conocido el perfil de las víctimas y el discurso de ultraderecha de los autores de los ataques y amenazas, les corresponde a las autoridades establecer si hay agentes del Estado atrapados aún en una lógica de “guerra fría” disparando y amenazando desde dentro de la institucionalidad. Y si existen, quiénes los apoyan y estimulan desde altas esferas del poder. Ello para no repetir la historia de la tristemente famosa “mano negra”, aquel oscuro rincón del Estado o aquella zona gris entre legalidad e ilegalidad en la que se ampararon crímenes aún sin responsables con rostro y nombre conocidos y por consiguiente en la impunidad. Concluyó el Senador Sanguino

Este tipo de organizaciones no se pueden combatir cerrando los ojos o mirando para otro lado mientras ellas siguen con su vuelo criminal sembrando de temor y en algunas ocasiones de terror a diferentes sectores sociales del país, es hora de que las autoridades inicien un compromiso serio frente a esta lucha que nadie a querido asumir no sabemos si por no quedar mal nacional e internacionalmente al reconocer que si existen estas organizaciones criminales o simplemente por complicidad.

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