2019 inicia con saldo en rojo para líderes sociales
“No solo basta con hacer un discurso y hablar de la protección, hay que actuar para evitar los asesinatos”
En Colombia parece que el Estado no quisiera aprender de la historia, o mejor parece que quisiera que el espiral de la violencia histórica se repitiera, si es cierto que en el 201 la situación de persecución, amenazas y asesinatos contra los líderes de derechos humanos y sociales fue complicada, parece que el año 2019 no dará la tregua que el pueblo colombiano esperaba, y desde ya se tiñe de sangre y dolor el país, en 7 días de lo que va corrido del año han sido asesinados 6 líderes sociales, dentro de los que se cuentan, Maritza Quiroz, siendo ella la primer líder social sacrificada en 2019,sus asesinos llegaron a la fincafuertemente armados ycegaron la vida de quien fuese miembro de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder de mujeres víctimas de desplazamiento. Mientras que en Antioquia, José Solano, presidente de la junta de acción comunal y gestor de proyectos sociales perdió su vida cuando desconocidos le dispararon en la vereda Puerto Jobo en Zaragoza, igual sucedió en otros lugares del suelo colombiano con Jesús Adier Perafán, Gilberto Valencia, Wilmer Antonio Miranda, Wilson Pérez Ascanio.
Las organizaciones sociales colombianas, instituciones internacionales que tratan de hacer respetar los derechos humanos, y el pueblo en general espera que no se repitan los hechos lamentables presentados durante los últimos 3 años en Colombia, donde más de 420 líderes sociales y de derechos humanos fueron asesinados, pero de seguir la cadena de asesinatos como va y con el absurdo silencio gubernamental, nada bueno es el presagio para el año que transcurre y mucho menos si se tiene en cuenta que este país tendrá unas elecciones regionales donde desde ya se está planteando que incidirán fuertemente en la proyección hacia las futuras presidenciales.
Y mientras la Defensoría del Pueblo, continúe lanzando “Alertas Tempranas” que nadie escucha, o que algunos como en el caso de Bogotá escuchan pero se niegan a tomar medidas, es posible que estas personas tengan que vivir el desarraigo mediante el desplazamiento para preservar sus vidas, y en el fondo esto puede ser lo que se pretende con las amenazas y asesinatos, sacar a la gente de sus zonas para que miembros de organizaciones al margen de la Ley se apoderen de las tierras como sucedió en el pasado.
Por su parte el director de la Unidad Nacional de Protección “UNP”, Pablo Elías González, indicó que ninguno de los líderes sociales asesinados en 2019 había pedido protección, “Desafortunadamente, ellos no habían pedido protección ni, hasta donde tengo entendido, habían reportado amenazas contra su vida”, indicó.
Sin embargo ha quedado demostrado que son muchos los casos donde las personas piden protección pero el sistema lento de la “UNP” para realizar los análisis de riesgo se torna en un factor que favorece a los asesinos que amparados en la vulnerabilidad de las y los líderes sociales en especial de las regiones apartadas de las grandes capitales proceden a ejecutarlos con frialdad.
Y aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “CIDH” ha instado a Colombia a “tomar medidas urgentes” para defender y proteger a los defensores de derechos humanos y líderes sociales debido al alto número de asesinatos presentado durante los últimos años, parece que todo sigue igual y estas recomendaciones del organismo internacional han sido pasadas por alto, porque no solo basta con hacer un discurso y hablar de la protección, hay que actuar para evitar los asesinatos pero más allá hay que investigar y dar con los responsables materiales e intelectuales de esta nueva violencia que se quiere imponer en Colombia.
