Unidad Nacional de Protección “UNP”, una Agencia de espionaje

Responsabilizamos al director de la Unidad Nacional de Protección “UNP”, ALFONSO CAMPO MARTINEZ”

Por: Equipo Jurídico Pueblos

Los seguimientos, las acciones de inteligencia ilegal y la judicialización, son entre otras, formas de agresión utilizadas en los últimos tiempos contra defensores/as, que tienen una interconexión preocupante, cuando la información se sustrae precisamente a través de los mecanismos de protección implementados por parte del Estado, para garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.

Tenemos certeza de que existen seguimientos desde la Unidad Nacional de Protección a defensores/as de derechos humanos y dirigentes sociales mediante la obligación que se impuso a los Escoltas de realizar dos tipos de reportes:

1) Inicio de servicio. Se realiza diariamente a las empresas de seguridad privada contratadas para este fin (Sevicol, para el caso de Bucaramanga) mediante un link o enlace en el que deben informar hora de inicio y finalización de actividades de protección; lo cual incluye indicar si el protegido/a llamó o no a laborar a los escoltas, infiriendo que si no lo hace, se encuentra en su lugar de residencia;

2) Reporte de desplazamiento a lugares distintos a la ciudad de residencia del protegido/a. En la aplicación “PASO VIP-ESCOLTA”, deben informar la hora exacta de desplazamiento y una vez se llega al lugar de destino deben enviar un informe con ubicación exacta “en tiempo real”, anexando una fotografía del escolta desde el lugar donde se encuentra el protegido/a. Este reporte deben hacerlo todos los días que dura el viaje o desplazamiento. La empresa privada de seguridad, en este caso Sevicol (Sevis UT), amenaza a los escoltas, citando una cláusula en el contrato en la que se indica que es causal de despido no efectuar este tipo de registros.

También tenemos conocimiento que la UNP obliga a la Empresa Privada de Seguridad para que los escoltas porten en todo momento un celular corporativo que facilita la ubicación en tiempo real donde se encuentra el esquema. Los escoltas son obligados a portar en todo momento el celular corporativo bajo la amenaza que si no lo hacen serán despidos.

Asimismo, la UNP obliga a los protegidos/as a informar con 72 horas de anticipación todo desplazamiento fuera de la ciudad de origen, mediante el diligenciamiento de un formato señalando el lugar de destino, fecha de inicio y finalización de desplazamiento; lo anterior lo justifica expresando que es la única forma de autorizar viajes y el pago de los respectivos viáticos de los escoltas. Este requisito permite conocer el lugar exacto de ubicación de las y los defensores, en cualquier momento.

Otra forma de realizar inteligencia a los protegidos es mediante el uso del escolta relevante, es decir, personas impuestos por la UNP distintos a los escoltas de confianza; se tiene conocimiento que se utiliza esta figura para obtener información del esquema en aquellos casos donde las unidades de protección son propuestas por el protegido/as.

Otra irregularidad detectada es la instalación de geo-localizadores o GPS y micrófonos en los vehículos asignados a los protegidos; lo anterior permite realizar seguimientos y obtención de información de las y los defensores, con fines desconocidos.

Asimismo, como abogado/as de víctimas de persecución estatal hemos tenido conocimiento de que agencias de inteligencia del Estado han abordado a escoltas de la UNP para convertirlos en informantes o fuente humanas; y en otros casos, ha impuesto escoltas que trabajan directamente con organismos de seguridad del Estado. Responsabilizamos al director nacional de la Unidad Nacional de Protección “UNP”, ALFONSO CAMPO MARTINEZ, de los seguimientos a los defensores/as de derechos humanos y dirigentes sociales al convertir la UNP en una agencia de espionaje y seguimientos ilegales. Hacemos un llamado a la Procuraduría investigar la presente denuncia, además de los hechos de corrupción difundidos por articulistas de medios nacionales. Solicitamos a la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia tomar nota de estos hechos.

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